Derecho internacional y derechos humanos: reglas entre naciones sin policía mundial

Estaciona el coche de una embajada frente a una toma de agua para bomberos en casi cualquier capital del mundo y la multa se perderá sin ruido. El diplomático que va dentro no puede ser arrestado ni demandado en el país donde sirve, por un tratado (la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961) al que se han adherido casi todos los Estados. Ninguna policía obliga a nadie a cumplirlo. Los Estados lo cumplen porque cada uno quiere que sus propios diplomáticos reciban el mismo trato en el extranjero.

Ese es el enigma de esta materia en una plaza de estacionamiento. Dentro de un país, el derecho tiene un legislativo que lo escribe, tribunales que lo aplican y una policía que lo hace cumplir. Entre países no hay parlamento mundial, ni un tribunal al que todos los Estados deban obedecer, ni policía mundial. El jurista internacional Louis Henkin resumió el resultado sorprendente en 1979: casi todas las naciones cumplen casi todos los principios del derecho internacional y casi todas sus obligaciones casi todo el tiempo. Los titulares tratan de las excepciones. Esta pieza trata de por qué la regla es tan a menudo la regla.

Esto describe cómo funcionan los sistemas jurídicos y no es asesoría legal. Los tratados cambian y los países difieren. Si tú o alguien cercano necesita proteger un derecho concreto, busca a un abogado o a una organización de derechos humanos de tu país.

De dónde salen las reglas: tratados, costumbre y principios

La materia tiene raíces en el mundo hispano. En 1539, Francisco de Vitoria, dominico y profesor de la Universidad de Salamanca, sostuvo en su Relectio de Indis que los pueblos indígenas de América eran dueños de sus tierras y bienes y tenían los mismos derechos que cualquier ser humano, y se le considera uno de los padres del derecho de gentes (ius gentium) moderno. Cuatro siglos después, América Latina aportaría tratados propios, como veremos.

Todo sistema jurídico debe responder primero a una pregunta: qué cuenta como derecho. En casa lo responden la ley y la jurisprudencia. Entre Estados, la respuesta está en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (1945), que enumera lo que la Corte aplica: los tratados, la costumbre y los principios generales de derecho reconocidos por las «naciones civilizadas» (una frase antigua que hoy se lee como los principios que se encuentran en los sistemas jurídicos del mundo, como la buena fe). Las decisiones judiciales y la doctrina son solo «medios auxiliares» para determinar el derecho.

Un tratado obliga a los Estados que se adhieren a él, por una regla tan básica que es la primera de la materia: pacta sunt servanda, los pactos deben cumplirse (artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969). Un tratado suele decir cuándo entra en vigor, a menudo tras cierto número de ratificaciones. La costumbre es más difícil de ver. Es una práctica que los Estados siguen porque creen que el derecho lo exige. Tiene dos ingredientes: lo que los Estados hacen en realidad (la práctica estatal) y por qué lo hacen (la opinio juris, el sentido de obligación jurídica). La Corte Internacional exigió una práctica «extensa y prácticamente uniforme», incluso entre los Estados más afectados, en los casos de la Plataforma Continental del Mar del Norte (1969). La costumbre importa porque obliga incluso a Estados que nunca firmaron nada. Un Estado que se opone desde el principio y sigue oponiéndose (un objetor persistente) puede escapar de una costumbre nueva, pero no de las pocas normas imperativas (ius cogens), como la prohibición del genocidio y de la esclavitud, que ningún tratado puede derogar (artículo 53 de la Convención de Viena).

¿Por qué importa lo de «cortesía o comodidad»? Porque los barcos de todas las banderas se hacen a un lado en el mar, pero eso por sí solo es un hábito; la costumbre exige creer que obrar de otro modo sería una violación. Ahora el lado de los tratados: un tratado no es derecho para nadie hasta que bastantes Estados dicen que sí.

El Acuerdo de Escazú es un tratado latinoamericano: se adoptó el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, y entró en vigor el 22 de abril de 2021. Trata del acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Otro es el Tratado de Tlatelolco, firmado el 14 de febrero de 1967 en la Ciudad de México, que prohíbe las armas nucleares en la región y fue el primer instrumento en crear una zona libre de armas nucleares en un área densamente poblada.

Cada familia de Estados trata el resultado de modo distinto en casa. Es la primera gran comparación de la materia: cuando un tratado obliga al país, ¿obliga también automáticamente a sus tribunales y ciudadanos?

El trato de la Carta: la fuerza queda prohibida y decide el Consejo

El mayor tratado de todos es la Carta de la ONU, firmada en San Francisco el 26 de junio de 1945 y en vigor desde el 24 de octubre de 1945. Su regla central es el artículo 2(4): los Estados deben abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado. Tiene dos excepciones: la legítima defensa ante un ataque armado (artículo 51) y la acción autorizada por el Consejo de Seguridad bajo el Capítulo VII.

Esa segunda excepción es el trato de la Carta, y muestra por qué la materia es mitad derecho y mitad política. El Consejo tiene 15 miembros, cinco de ellos permanentes: China, Francia, Rusia (que ocupó el puesto soviético), el Reino Unido y Estados Unidos. Una resolución necesita nueve votos a favor y, según el artículo 27(3), el voto negativo de cualquier miembro permanente la bloquea: el veto. Un miembro permanente que solo se abstiene no la bloquea, por práctica larga. El diseño es deliberado: en 1945 los fundadores pensaron que una regla que las grandes potencias pudieran dejar en minoría sería una regla que abandonarían.

Fíjate en lo que el veto no hace: no hace desaparecer la regla de fondo. Una resolución bloqueada deja en pie el artículo 2(4); solo quita al Consejo como el órgano que puede autorizar la ejecución. Cuando el Consejo se atasca, la Asamblea General puede debatir y condenar (sus resoluciones son recomendaciones, no derecho), y la Corte Internacional puede emitir opiniones. En marzo de 2022 la Corte, por 13 votos contra 2, ordenó a Rusia suspender sus operaciones militares en Ucrania mientras se veía el caso. La orden era obligatoria en derecho y no se cumplió en los hechos. Las dos mitades de esa frase forman parte de la materia.

Tribunales para Estados y para personas: la CIJ y la CPI

Dos tribunales de los Países Bajos se confunden constantemente. La Corte Internacional de Justicia (CIJ, la «Corte Mundial», en el Palacio de la Paz de La Haya) es el principal órgano judicial de la ONU. Quince jueces, elegidos por nueve años, resuelven controversias entre Estados y emiten opiniones consultivas cuando órganos de la ONU las piden. El problema es el consentimiento: solo se puede demandar a un Estado si ha aceptado la jurisdicción de la Corte, por una cláusula de un tratado, por un acuerdo especial o por una declaración permanente. Varios casos latinoamericanos muestran cómo funciona. En Perú c. Chile, la Corte fijó el 27 de enero de 2014 una frontera marítima única entre los dos países. En Obligación de negociar un acceso al océano Pacífico (Bolivia c. Chile), Bolivia se apoyó en el Pacto de Bogotá de 1948; la Corte rechazó en 2015 la objeción de Chile a su competencia y, el 1 de octubre de 2018, concluyó que Chile no tenía la obligación jurídica de negociar un acceso soberano al mar, aunque dejó abierto el diálogo. Y en Nicaragua c. Estados Unidos (1986), la Corte encontró que EE. UU. había violado el derecho consuetudinario al apoyar a la Contra y minar puertos nicaragüenses: un Estado puede ser juzgado, y el Estado juzgado puede ignorarlo. Los fallos deben ejecutarse por medio del Consejo de Seguridad (Carta, art. 94), donde está el veto.

La Corte Penal Internacional (CPI) es un animal distinto: un tribunal creado por tratado, el Estatuto de Roma (adoptado el 17 de julio de 1998, en vigor el 1 de julio de 2002), que juzga a individuos por genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión. Es un tribunal de último recurso: por el principio de complementariedad, solo actúa cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren investigar de verdad. La CPI informa que 125 Estados eran partes a mediados de 2026; varios han presentado avisos de retiro que surten efecto en 2027. EE. UU., China, Rusia e India no son partes. Los partidarios dicen que acabó con la idea de que el cargo protege; los críticos, que su lista de casos ha sido desigual y que sus causas dependen de la cooperación de los Estados para las detenciones. Ambas afirmaciones describen rasgos reales: la Corte no tiene policía propia.

Tribunales de derechos humanos: Europa, las Américas y África

El derecho de los derechos humanos da la vuelta al cuadro tradicional. Los tratados entre Estados trataban de lo que los Estados se debían entre sí. Tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal de Derechos Humanos (Asamblea General, 10 de diciembre de 1948; aprobada por 48 votos a favor, ninguno en contra y 8 abstenciones) dijo que toda persona tiene derechos frente a su propio gobierno. La Declaración no es un tratado. Dos tratados la hicieron vinculante en 1966 (en vigor desde 1976): los Pactos de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El sistema global funciona sobre todo con comités que revisan informes. Los dientes más afilados son regionales.

En las Américas, el hito de la Corte Interamericana es Velásquez Rodríguez vs. Honduras (1988): un estudiante desaparecido a manos de agentes del Estado. La Corte sostuvo que un Estado debe prevenir, investigar y sancionar esas violaciones, aun cuando no haya cometido directamente una en particular. En Almonacid Arellano vs. Chile (26 de septiembre de 2006), sobre una ley de amnistía, acuñó la expresión «control de convencionalidad»: los jueces nacionales deben comprobar que el derecho interno sea compatible con la Convención y con la interpretación que de ella hace la Corte. Y en su Opinión Consultiva OC-23/17 (15 de noviembre de 2017), pedida por Colombia, la Corte describió el derecho a un medio ambiente sano como un derecho autónomo, con dimensiones individual y colectiva. Antes, en 2006, en Claude Reyes vs. Chile, había reconocido el acceso a la información pública (lo viste en Derecho administrativo, 34/10).

El sistema europeo es el más usado: sus sentencias se cumplen de forma rutinaria, en parte porque las supervisa el Comité de Ministros del Consejo de Europa y en parte porque los propios tribunales europeos las citan. Rusia fue expulsada del Consejo de Europa en marzo de 2022 y dejó de ser parte del Convenio en septiembre de 2022. La Carta Africana es singular porque enumera derechos de los pueblos y deberes de los individuos junto a los derechos individuales. El alcance de su Corte es menor: de los pocos Estados que aceptaron peticiones individuales directas, varios (entre ellos Ruanda, Tanzania, Benín y Costa de Marfil) han retirado después la declaración. El patrón se repite: los tribunales son más fuertes donde los gobiernos eligen dejar la puerta abierta.

Tampoco los derechos son iguales en todas partes. Las cartas difieren en qué derechos, cómo se limitan y de quién son los deberes. Un resumen justo es que comparten un núcleo (la vida, la prohibición de la tortura, el juicio justo) y difieren en los bordes.

Cumplimiento sin policía mundial

Si nadie hace cumplir, ¿por qué se cumple? Juristas y politólogos dan respuestas que se solapan, y no están de acuerdo en los pesos. Reciprocidad: un Estado que rompe un tratado invita a otros a romperlo con él. Reputación: un Estado conocido por hacer trampa encuentra menos socios la próxima vez, y casi todos los Estados están en una larga serie de tratos repetidos. Contramedidas y sanciones: los Estados afectados pueden responder de forma proporcional; el Consejo de Seguridad puede imponer sanciones. Tribunales y política internos: en muchos países los jueces aplican el derecho internacional, y un gobierno responde ante votantes, prensa y sus propios funcionarios. Hábito e interés compartido: el tráfico aéreo, el correo y las fronteras funcionan porque todos ganan con la regla.

Realistas como Hans Morgenthau y, con más escepticismo, Jack Goldsmith y Eric Posner sostienen que los Estados siguen el derecho cuando coincide con su interés y que la fuerza aparente de la regla es en buena parte coincidencia. Los institucionalistas y la tradición de Henkin sostienen que la propia regla cambia el cálculo de los Estados y lo que pueden justificar. Los datos no zanjan la discusión, porque los casos fáciles los eligen los propios Estados. En lo que coinciden ambos bandos: los casos de desafío son costosos y raros, y las potencias pueden resistir con menos costo.

Lleva la probabilidad de que se note al 100 % y sube el valor de la reputación: hasta una ganancia grande deja de compensar. Bájala al 10 % y la misma regla pasa a ser una sugerencia. Por eso la transparencia (inspecciones, informes, prensa libre) hace tanto trabajo en el derecho internacional: sube la probabilidad de que se note.

Quién juzga a los jueces: jurisdicción universal, inmunidad y los críticos

Otra vía llena parte del hueco. Algunos crímenes (la tortura, el genocidio, los crímenes de guerra) son tan graves que los tribunales de cualquier Estado pueden juzgarlos dondequiera que ocurrieran: es la jurisdicción universal. En octubre de 1998 la policía británica arrestó en Londres al ex gobernante chileno Augusto Pinochet con una orden de un juez español; la Cámara de los Lores sostuvo que un ex jefe de Estado no podía invocar inmunidad por tortura, y al final fue enviado a casa por motivos de salud y no juzgado en el extranjero. Un tribunal estadounidense, en Filártiga v. Peña-Irala (1980), conoció la demanda de una familia paraguaya por una muerte bajo tortura. El delito se cometió en el extranjero y por un extranjero.

Corta en ambos sentidos. La inmunidad protege a los jefes de Estado en funciones y a los diplomáticos de los tribunales extranjeros, para que los gobiernos puedan funcionar (la CIJ lo confirmó en el caso de la Orden de arresto, 2002). Críticos de África y del Sur Global han acusado que la jurisdicción universal y la CPI se usan contra Estados débiles mientras las grandes potencias escapan; los defensores responden que la respuesta a la justicia selectiva es más justicia, y que tribunales nacionales, entre ellos los argentinos con jurisdicción universal, han abierto casos que los tribunales del país de origen no abrieron. El resumen honesto: el derecho internacional es un orden jurídico real, imperfecto y en evolución, más fuerte donde los Estados han elegido obligarse y más débil donde chocan el poder y el derecho.

Lo que un graduado ve sin pensarlo

• Pregunta primero por la fuente: ¿tratado o costumbre? Un tratado obliga solo a las partes; la costumbre puede obligar a todos; el ius cogens obliga incluso por encima de un tratado.
• El consentimiento es la llave maestra: la jurisdicción, los tratados y las sentencias empiezan todos con un Estado que dice que sí.
• Al leer una noticia sobre un tribunal, pregunta «¿qué tribunal, quién puede demandar, quién es el demandado?» antes que nada. La CIJ juzga Estados; la CPI juzga personas.
• Un veto no es una sentencia de que la regla se acabó, solo de que el Consejo no la hará cumplir.
• El cumplimiento es la norma y el desafío la noticia; casi todo el trabajo lo hacen la reciprocidad, la reputación y el ser observado.
• Los sistemas regionales de derechos humanos tienen fundadores, puertas y trayectorias distintos. «Internacional» no es una sola cosa.
• Cuando se acusa a un Estado, la primera respuesta suele ser la jurisdicción o la inmunidad, no los hechos. Aprende la objeción además de la demanda.

Dónde aparece después

• Derecho de la Unión Europea y de la integración regional (34/12): las mismas ideas llevadas más lejos. El tribunal de la UE hizo que sus tratados tuvieran efecto directo sobre las personas, que es justo lo que un tratado ordinario no hace; y el Tribunal Andino y otros bloques de América Latina probaron versiones propias.
• Relaciones internacionales (en inglés, 35/14): realistas, liberales y constructivistas discrepan justo sobre la cuestión del cumplimiento de arriba.
• Derecho constitucional (34/06): cómo una constitución deja entrar los tratados (mira la tabla de arriba) forma parte de todo orden jurídico nacional.
• En el mundo: disputas comerciales en la OMC, fronteras marítimas y derechos de pesca, protección de refugiados, sanciones, investigaciones por crímenes de guerra, tratados del clima y las investigaciones de la CPI sobre Ucrania y Palestina.

Si quieres profundizar

• 📘 Libro de texto (en español). Manuel Díez de Velasco, Instituciones de Derecho Internacional Público (Tecnos; edición más reciente con Concepción Escobar Hernández, 2017). El manual más usado en las facultades de España y muy presente en América Latina.
• 📘 Libro de texto (en inglés). Malcolm Shaw, International Law (Cambridge University Press, 9.ª edición, 2021). Un panorama completo y muy asignado.
• 📘 Más ligero, en español. Philippe Sands, Calle Este-Oeste (Anagrama): cómo dos juristas, Lauterpacht y Lemkin, inventaron los «crímenes contra la humanidad» y el «genocidio», contado como una historia familiar de detectives.
• 🌐 Curso de bajo costo, en español (Coursera). Introducción al Derecho Internacional Público, de las Universidades Anáhuac, en Coursera (en español), con fuentes del derecho internacional, tratados y organizaciones internacionales. En inglés, la Biblioteca Audiovisual de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, con conferencias de grandes juristas y los textos de los tratados.